Aquellas imágenes de barras bravas de Vélez Sarsfield castigando brutalmente a barras de Talleres, en la Platea Sur Alta del estadio José Amalfitani, durante el segundo tiempo del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores, fueron ampliamente difundidas. Y causaron un fuerte impacto.
Esa noche, a pesar de la gravedad de los hechos, no hubo ningún detenido. Días después, desde la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Orden Público de CABA se anunció que cerca de un centenar de socios de Vélez recibían la prohibición a ingresar a las canchas durante 48 meses.
Lo insólito es que en ese listado figuran socios que ni siquiera estuvieron en el estadio y varios que estuvieron ubicados en sectores distintos a donde se produjeron los hechos de violencia. El parámetro que se tomó para confeccionar el listado fue recurrir a los propietarios de banderas -que están registrados con sus nombres completos, números de documentos y números de socios- y sin comprobar si participaron de los golpes a los hinchas cordobeses.
Ante la falta de respuestas del club y del organismo de seguridad, un grupo de estos socios damnificados se organizaron para hacer oír su reclamo y exigir la aclaración de la situación que están viviendo.
Gastón Pérez Ng, oriundo de San Nicolás, donde fundó la Peña de Vélez, está radicado en Buenos Aires desde hace una década y participó en distintos Departamentos y Subcomisiones de Vélez. La noche del partido estaba ubicado en la Platea Sur Baja. Sin embargo, por ser titular de la bandera de su Peña, quedó incluido en la lista de los castigado con “derecho de admisión”.
En diálogo con IAM Noticias, señaló: “Nos culpan por ser propietarios de banderas y eso no tiene nada que ver con ser violento. Desde ya, aclaro que repudiamos la violencia. No estuvimos en la zona de los incidentes y se dan casos rarísimos porque en la lista figura gente que estaba fuera del pais, gente que estaba internada y hasta el caso de un socio de River que ni siquiera conoce la cancha de Vélez”.
Pérez Ng señala que “nos castigaron con la pena máxima, cuatro años. Los castigos van desde los tres a los cuarenta y ocho meses y sin motivo. No revisaron las cámaras para ver si fuimos nosotros, agarraron el listado y listo. Estamos pidiendo justicia para los inocentes, si en esa lista está alguno de los que fue a pegar bueno que se la banque, pero queremos justicia y solidaridad para quienes no tuvimos nada que ver con los hechos de violencia”.
Reveló que desde la dirigencia de Vélez no tienen apoyo ni contención. “Cuando trascendió el tema de la lista, nos citaron el abogado, y directivo, Mariano Lizardo y el vicepresidente Diego González, para hablar del tema. Después no tuvo ninguna comunicación más desde el club”, dijo.
Entre tantas situaciones insólitas resalta la de Juan Pablo Rodríguez Mora, integrante de la Peña de Vélez en Barcelona. El día del partido se encontraba en España, a 14.000 kilómetros de distancia del estadio José Amalfitani, sin embargo su nombre figura en la lista de castigados.
“En enero estuve de vacaciones en Buenos Aires y presentamos la bandera de Peña, y quedé como titular. Después volví a Barcelona y tengo el pasaporte sellado. Ese día no estuve en Argentina y ni siquiera nuestra bandera estuvo colgada. Sin embargo, para el Ministerio de Seguridad soy violento y no puedo entrar al estadio durante 48 meses…”.
Marcelo Bonafiglio, otro de los hinchas castigados, contó, en el programa Vélez a Fondo: “Esto me está costando salud, vida y mucha plata a tal punto que hoy tuve que publicar para vender mí auto .El socio es el patrimonio más grande que tiene Vélez y nadie de la comisión directiva levantó el teléfono para ver cómo estoy con esta situación”.
“Hay un patrón raro en los derechos de admisión, todavía no logramos descifrarlo. Yo me enteré que había gente de Talleres en el entretiempo porque empecé a escuchar gritos de gente que pedía ayuda”, agregó.
Jonás Laxagueborde, otros de los penalizados, argumentó, también en Vélez a Fondo: “Nosotros tenemos que demostrar que somos inocentes cuando debería ser al revés, ellos nos tendrían que decir porque somos culpables. Hay dos causas distintas: una es de los derechos de admisión, que son 48 meses, el máximo permitido, y la otra tiene causas penales, pero no todos están”.